El Centro de Estudios en Economía, Sociedad y Tecnología (CEESyT) retomó el viernes 26 de marzo el primer almuerzo de camaradería del 2021, luego del año atravesado por la pandemia del coronavirus.
El encuentro se llevó adelante en el Salón de Negocios Neper Select Hotel con el cumplimiento de los protocolos sanitarios correspondientes y de las normativas establecidas por el Decreto Nacional 956/2020.
La temática propuesta fue “Nuevos incentivos en el año 2021 para el desarrollo de la construcción en la Argentina e invitados especiales”, en el marco de la ley N° 27.613 promulgada en el corriente año.
El presidente del centro de estudios, Diego Dequino, abrió el almuerzo con una bienvenida a los invitados y presentó a los oradores principales: el integrante de Gatica Desarrollos, el licenciado Santiago Gatica, y el abogado especialista en derecho financiero, Diego Bono.
Cabe destacar que también participaron miembros del Ceesyt, empresarios del rubro de la construcción, referentes de las cámaras del sector desarrollista, arquitectos, ingenieros, letrados, contadores y periodistas, entre los 29 asistentes.
En el inicio, Gatica planteó que actualmente la construcción posee tres obstáculos: las limitadas opciones de financiamiento, la baja confianza en el sector y el constante cambio de reglas tanto del sector público como del privado.
Consideró, asimismo, que cada vez son más acotados los segmentos de la población que tienen acceso a la inversión en bienes inmuebles, entre los que enumeró a los pequeños ahorristas, los productores agropecuarios y los grandes capitales.
Luego, Bono brindó explicaciones técnicas de la reglamentación de la ley, como las pautas del blanqueo de capitales, las alícuotas correspondientes según el periodo de declaración, la disponibilidad transitoria de los fondos en el mercado financiero y los plazos de concreción de la inversión.
Entre los beneficios, los participantes destacaron que el Gobierno impulse herramientas para reactivar un sector clave de la economía, la eximición de ciertos impuestos y la inclusión de las obras privadas que tengan un avance de obra inferior al 50%.
En cuanto a las incertidumbres, señalaron que la reglamentación no precisa el tipo de cambio que se tomará en la declaración de la moneda extranjera y que los organismos públicos y privados –a excepción de la AFIP- podrán solicitar información sobre el origen de los fondos.
También se cuestionó el verdadero motivo de la creación de la ley. En este sentido, manifestaron que puede tratarse de un instrumento utilizado por el Estado para obtener fondos, ya sea por las alícuotas o la venta de títulos, y así frenar la emisión monetaria.
Por último, plantearon que –además de la ley- otra manera de incentivar la construcción en el corto plazo es la eficacia y rapidez en los trámites burocráticos, como los certificados de final de obra y la entrega de las escrituraciones.
